Abogado de tráfico en Suiza

El Derecho de la Circulación es intrínsecamente multidisciplinar.

Cualquier infracción de la Ley Federal de Circulación (LCR) conlleva inevitablemente una sanción penal (véase el apartado B).

En función de la gravedad de la infracción de la LCR, también puede dar lugar a una sanción administrativa (véase el apartado C).

Además, la LCR tiene importantes implicaciones en el derecho civil, sobre todo en materia de responsabilidad.

En particular, el apartado 1 del artículo 58 del Código de Obligaciones suizo (CO) establece una presunción de responsabilidad civil para el propietario del vehículo si su uso provoca la muerte, lesiones o daños materiales.

El artículo 58, apartado 3 CO especifica que el propietario del vehículo es responsable de las faltas del conductor y de los ayudantes como si fueran propias.

El significado del Artículo 58, párrafo 3 CO debe entenderse en conjunción con el Artículo 63 CO, que exige un seguro de responsabilidad civil para los vehículos que circulen legalmente por las vías públicas.

Este seguro obligatorio cubre la responsabilidad civil del propietario y de las personas a su cargo en virtud de la LCR.

Además, el artículo 65 LCR otorga a las víctimas el derecho a demandar directamente a la aseguradora, garantizando que puedan reclamar una indemnización a una entidad solvente.

Asimismo, el artículo 74 LCR crea la Oficina Nacional de Seguros (BNA).

La BNA está formada y gestionada por compañías de seguros autorizadas a realizar seguros de responsabilidad civil para vehículos en Suiza.

El objetivo principal del BNA es cubrir los daños causados por vehículos o remolques extranjeros en Suiza.

Así, una víctima de un accidente en Suiza puede demandar al BNA si el vehículo responsable está matriculado en el extranjero.

Aspecto penal:

Una infracción de la LCR conlleva una sanción penal, que puede incluir una multa, una contravención, una sanción económica o incluso prisión.

La autoridad penal competente depende de la gravedad de la infracción.

Las infracciones de la LCR se persiguen de oficio.

En los casos de accidentes con lesiones, una infracción de la LCR puede combinarse con otros delitos (por ejemplo, daños materiales, lesiones corporales por negligencia, homicidio por negligencia).

Si el delito adicional también se persigue de oficio (por ejemplo, lesiones corporales simples), la víctima puede retirar su denuncia o decidir no presentarla.

Sin embargo, el proceso penal por la violación de la LCR continuará, ya que es una prerrogativa estatal.

El proceso penal determinará los hechos para el proceso administrativo.

Hay que tener en cuenta que los procedimientos penales y administrativos los llevan a cabo autoridades distintas y se desarrollan simultáneamente.

Por ello, es habitual solicitar la suspensión del proceso administrativo hasta que se dicte sentencia penal.

Esto permite al demandado asegurarse de que los hechos favorables se tienen en cuenta en el procedimiento administrativo.

El juez penal no decide sobre las sanciones del permiso de conducir, por lo que la necesidad personal o profesional del acusado de obtener el permiso no influye en la sanción penal.

Aspecto administrativo:

Aparte de los procedimientos relativos a la aptitud de un conductor para conducir, el inicio de un procedimiento administrativo presupone una infracción penal de la LCR.

Si se impugna la violación en sí, esto debe abordarse dentro del proceso penal (véase el apartado B).

El procedimiento administrativo se ocupa de las sanciones relacionadas con la autorización para conducir.

Estas sanciones pueden ir desde una advertencia hasta la retirada definitiva del permiso de conducir.

Hay que distinguir entre una retirada de advertencia y una retirada de seguridad del permiso de conducir.

Una retirada de advertencia sirve para castigar al individuo por cometer una infracción de la LCR.

La duración de la suspensión del permiso depende de la gravedad de la infracción, de las circunstancias y del historial de la persona.

Una retirada de seguridad tiene por objeto retirar a un conductor considerado peligroso para los demás usuarios de la carretera.

Tanto las retiradas preventivas como las permanentes persiguen el mismo objetivo.

El restablecimiento del permiso tras una retirada de seguridad requiere que la persona demuestre que es apta para volver a conducir.

Normalmente, esta evaluación se produce tras un periodo de prueba y se basa en una evaluación médica forense favorable.