Divorcio en Suiza: obligación de trabajar

Obligación de trabajar en caso de divorcio en Suiza

La obligación de trabajar en el derecho matrimonial suizo refleja la responsabilidad individual de cada cónyuge de contribuir a su propia manutención tras el divorcio.
Este concepto se basa en las nociones de autonomía y responsabilidad personal, y forma parte esencial del modo en que la legislación suiza aborda las cuestiones económicas en el contexto del divorcio.

En la legislación suiza, el matrimonio se considera una asociación en la que ambas partes tienen responsabilidades mutuas, incluido el deber de mantenerse mutuamente.
Tras el divorcio, esta responsabilidad mutua no desaparece por completo, sino que evoluciona para reflejar la nueva realidad de las partes como individuos separados.
La obligación de trabajar resume esta evolución al exigir a cada parte que haga esfuerzos razonables para mantenerse.

Este principio no pretende ser punitivo ni gravoso.
Por el contrario, se basa en una comprensión equilibrada de las capacidades y circunstancias de cada parte.
Reconoce que, aunque el divorcio pone fin al matrimonio, no libera automáticamente a los cónyuges de todas las responsabilidades que tenían como pareja casada.

La obligación de trabajar también está vinculada a otros aspectos del divorcio, como la pensión alimenticia del cónyuge.
Desempeña un papel a la hora de determinar la necesidad y la cuantía de la pensión alimenticia que puede exigirse.
Si un cónyuge es capaz de trabajar pero decide no hacerlo, esto puede influir en la decisión del tribunal sobre la pensión alimenticia.

Criterios para la obligación de trabajar

La obligación de trabajar en el derecho matrimonial suizo es un concepto matizado y polifacético.
No se impone rígidamente, sino que se evalúa en función de varios criterios que tienen en cuenta la situación individual de cada parte.

  • Edad: La edad es un factor clave en esta evaluación.
    Una persona mayor, sobre todo si se acerca a la edad de jubilación, puede tener dificultades para encontrar empleo.
    Las oportunidades de empleo pueden ser limitadas, y la empleabilidad puede disminuir con la edad.
    Por tanto, la obligación de trabajar puede moderarse o incluso eximirse en función de la edad del cónyuge.
  • La salud: La salud es otro criterio importante.
    Si una persona padece una enfermedad o discapacidad que le impide trabajar, la obligación de buscar empleo se reduce naturalmente.
    La legislación suiza reconoce que la capacidad para trabajar puede verse obstaculizada por problemas de salud, y esta consideración se integra en la evaluación de la obligación de trabajar.
  • Cualificaciones profesionales y experiencia: Las cualificaciones profesionales y la experiencia también desempeñan un papel crucial.
    No se puede obligar a una persona a aceptar un trabajo que esté muy por debajo de sus cualificaciones y experiencia.
    Por ejemplo, si un cónyuge ha trabajado durante muchos años en un campo especializado, puede ser poco razonable esperar que acepte un trabajo que no se corresponda con sus conocimientos.
    La ley tiene en cuenta este factor para garantizar que la obligación de trabajar sea equilibrada y justa.
  • Obligaciones familiares: Las obligaciones familiares pueden influir en la obligación de trabajar.
    Si un cónyuge tiene la custodia de los hijos y éstos requieren cuidados constantes, esto puede limitar significativamente su capacidad de trabajar.
    La legislación suiza reconoce que la responsabilidad de cuidar a los hijos puede obstaculizar la capacidad de encontrar y aceptar un empleo, y esto se tiene en cuenta en la evaluación de la obligación de trabajar.

Conexión con las contribuciones de mantenimiento

Las pensiones alimenticias en el derecho matrimonial suizo tienen por objeto garantizar que se satisfagan las necesidades de cada parte tras el divorcio.
Tienen en cuenta la realidad económica de ambos cónyuges y pretenden evitar una disparidad significativa en sus respectivos niveles de vida.
Las contribuciones a la manutención están profundamente vinculadas a la obligación de trabajar, y estos dos aspectos suelen examinarse conjuntamente para garantizar un equilibrio justo y equitativo.

La determinación de las pensiones alimenticias tiene en cuenta diversos factores, como las necesidades y recursos de ambas partes, su salud, la duración del matrimonio, entre otros.
El objetivo es llegar a una solución que tenga en cuenta la capacidad de cada cónyuge para mantenerse, reconociendo al mismo tiempo las responsabilidades mutuas que pueden persistir tras el divorcio.

La relación entre las pensiones alimenticias y la obligación de trabajar es especialmente significativa.
La obligación de trabajar exige que cada cónyuge haga esfuerzos razonables para mantenerse en la medida de sus posibilidades.
Las pensiones alimenticias, en cambio, entran en juego cuando esos esfuerzos son insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado.

Esta relación es compleja y delicada.
Si un cónyuge puede trabajar pero no se esfuerza lo suficiente para hacerlo, esto puede reducir o incluso eliminar su derecho a las contribuciones de manutención.
En otras palabras, el tribunal puede considerar que un cónyuge que descuida su obligación de trabajar sin una razón válida no debe ser recompensado con contribuciones de manutención por parte del otro cónyuge.

Sin embargo, esta relación no es automática, y la evaluación debe hacerse caso por caso.
Por ejemplo, si un cónyuge no trabaja debido a responsabilidades familiares legítimas, como la custodia de los hijos, o debido a problemas de salud, esta situación puede justificar la aportación de alimentos incluso en ausencia de empleo.

La obligación de trabajar y la contribución a la manutención en el derecho matrimonial suizo reflejan la idea de que el divorcio no debe conducir a la precariedad económica de ninguna de las partes.
Equilibrar estos dos aspectos requiere una evaluación detallada y sensible de las capacidades, necesidades y recursos de cada parte.
Como tales, a menudo requieren los conocimientos de un abogado especializado para garantizar que los derechos y responsabilidades se evalúan y aplican correctamente.

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